Treinta y Tres acumula un déficit millonario por ingreso de funcionarios “a dedo”

En 2015, era una de las pocas intendencias en equilibrio. Dos años después, bajo el segundo mandato del blanco Dardo Sánchez, los números se volvieron rojos y el déficit trepó a unos $ 122.425.852. Según el TCR, la mayor parte se generó en 2017.

El miércoles pasado los ediles del Frente Amplio (FA) en Treinta y Tres no lograron convencer a sus colegas del Partido Nacional (PN) para que no votaran a favor de la Rendición de Cuentas del 2017 de la comuna olimareña por distintas irregularidades que consideran “inconstitucionales”.

Entre ellas, que el actual intendente Ramón da Silva haya sido en ese año funcionario de UTE y secretario general de la comuna, lo cual era incompatible, informó el portal LR21. Tras la denuncia del FA que hizo en su momento, Da Silva renunció a su puesto en el ente estatal.

Dardo Sánchez, el exjefe comunal de Treinta y Tres, le cedió el puesto a Da Silva a finales de julio de este año porque se postula a la diputación por el sector liderado por el senador Jorge Larrañaga. Sánchez fue electo en 2010 como intendente y en 2015 fue reelecto. En las elecciones de mayo del año próximo Da Silva competirá para continuar en el sillón departamental.

Hace menos de un mes los ediles del PN le comunicaron a los del FA que iban a aprobar, a pesar de las observaciones que realizó el Tribunal de Cuentas (TCR), la Rendición de Cuentas del 2017. Desde el FA no supieron decir cuándo llegó a manos del presidente de la Junta Departamental el documento del TCR, fechado el 13 de febrero de este año, que da datos sobre la intendencia por tener un alto déficit acumulado, además de las retenciones a los funcionarios por parte de la comuna por concepto de aporte jubilatorio personal, entre otras informaciones.

En 2015, la comuna olimareña fue una de las pocas intendencias que no dio pérdidas, según un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) a pedido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Sin embargo, según la documentación del TCR a la que accedió LA REPÚBLICA, la Intendencia de Treinta y Tres en 2017 tuvo un déficit acumulado de unos $ 122.425.852. Sólo en el ejercicio de ese año se registró un adeudo de $ 68.433.450.

El edil frenteamplista Pablo Coelho dijo que el déficit se debe a la cantidad de funcionarios que “entraron a dedo”, “sin proceso de selección” y agregó que para las empresas que trabajan para la comuna no se utiliza licitación, por ejemplo, para maquinarias y fletes. “Se termina contratando al amigo, a la empresa que te hace el favor. Es una cosa que es constante en esta intendencia. En los pagos a los proveedores pasa lo mismo”, acusó Coelho.

El frenteamplista agregó que el año pasado se contrataron a 126 personas de “forma directa, es decir, sin concurso, sin sorteo”. Sostuvo además que hubo una disminución de un 32% de las inversiones en el departamento. “Acá en Treinta y Tres es mejor ser amigo del intendente que ir a estudiar. Esas son unas de las razones del déficit”, remarcó a LA REPÚBLICA.

Consultado sobre si estaban los votos para crear una comisión investigadora para indagar sobre este tema, el curul aludió a que no tienen los votos necesarios ya que hay unos 21 ediles blancos y 8 frenteamplistas, por lo cual “cierran filas permanentemente”. “Para conseguir información tenemos que ir al Juzgado y pedir por medio de la ley de acceso de información pública. Esto ha pasado varias veces”, dijo.

El edil, en tanto, indicó que en 2018 el incremento de ingresos fue de unos $ 112 millones aproximadamente. “Cobraban impuestos y recibían el dinero del gobierno nacional. De ese dinero para las retribuciones personales son $ 105 millones. Todo lo que mejoraron de ingresos prácticamente se fue todo a sueldos y contratados de esa manera (sin sorteo ni concurso)”.

“Eso es relevante acá porque la intendencia debe ser el mayor contratista de mano de obra. Hay en plantilla unas 1.300 personas. Desde el punto de vista de funcionamiento y de transparencia, deja que desear. Se agrega a esto las compensaciones dentro de la intendencia, muchas de ellas sin resoluciones”, agregó. Coelho dijo que la bancada del FA evaluará enviar la documentación a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Por su parte, el exintendente de Treinta y Tres y exdirector de Planificación en el primer gobierno de Sánchez y actual edil blanco, José Amaro, votó en contra de aprobar la Rendición de Cuentas del 2017 junto a otros dos curules nacionalistas.

En diálogo con LA REPÚBLICA, afirmó que la intención de no votar “era mostrar disconformidad con el manejo del sistema”. Indicó, en tanto, que el informe del TCR llegó “tardísimo”: “Que ahora estemos hablando del 2018 me parece perfecto, pero hablar del 2017 me parece un disparate”, afirmó.

El curul nacionalista sostuvo que “no hemos caminado hacia mejorar la transparencia de los organismos públicos y la intendencia es un lugar muy sensible. Eso me parece fundamental”. “$ 68 millones está fuera de contexto. Todos hemos tenido déficit, pero una cosa no quita a la otra”, añadió.

Amaro explicó que “no podemos conformarnos con no avanzar. Es una rendición que muestra que no estamos avanzando. Damos una muestra que tenemos los mismos problemas que el gobierno nacional. Tenemos que buscarle la vuelta para ser más eficaces y eficientes”.

El blanco sostuvo que “hay un gasto de arrendamiento de maquinaria muy generoso, y en funcionarios también”. Al ser consultado por la cantidad de empleados que hay en el departamento, no supo contestar, porque “los pedidos de informes los entregan mal y tarde”, y agregó que “no tienen ninguna sanción” por no dar la información, por lo tanto, para el curul, “eso es malísimo”.

LA REPÚBLICA llamó al exintendente olimareño Sánchez y quiso comunicarse con el jefe comunal Da Silva para tener respuestas respecto al déficit y las observaciones que le hicieron desde el TCR, pero no tuvo éxito.

Otros datos del TCR

En relación a las retenciones por parte de la comuna, el documento indica que “la intendencia no tiene por práctica conciliar las retenciones que efectúa a sus funcionarios por concepto de aporte jubilatorio personal, IRPF, con los pagos realizados al Banco de Previsión Social (BPS), constatándose diferencias en el cálculo de dichas retenciones”.

“Dentro del estado Nº 12 ‘Fondos Indisponibles’ se presenta un saldo a pagar de IRPF que asciende a $ 1.407.834, cuando el boleto de pago al BPS es de $ 1.114.857. Además se expone un saldo a pagar de aportes jubilatorios personales de $ 7.809.535 cuando el boleto de pago al BPS es de $ 6.928.987”, consigna el TCR.

Respecto a la recaudación de tributos departamentales, el importe cobrado a través del sistema, según la base de datos proporcionada por la Intendencia, es de $ 330.566.071, mientras que el importe, según documento de Rendición de Cuentas, es de $ 338.079.928 resultando una diferencia en más de $ 7.513.857, representando así un 2,04% del total de los ingresos departamentales.

En cuanto al importe de haberes de los funcionarios, según la Rendición de Cuentas, asciende a $ 395.737.575, mientras que el monto total de nóminas enviadas al BPS es de $ 403.163.903. En consecuencia, se verifica una diferencia de $ 7.426.328.

Asimismo, el importe de los aportes patronales asciende a $ 67.138.015, mientras que el que resulta de los boletos de pago al BPS asciende a $ 66.522.044; el TCR verificó una diferencia de $ 615.971 de más.

Observaciones del TCR

El TCR consideró que la comuna ejecutó y pagó gastos “sin haber sido intervenidos preventivamente por el organismo o el contador delegado en su caso”. Asimismo, indica que “no se realizaron los ajustes correspondientes, a efectos de subsanar las observaciones formuladas por este Tribunal a la Modificación Presupuestal 2016-2020 de la Intendencia, que fueron aceptadas por la Junta Departamental”.

“Se aplicaron bonificaciones a la Contribución Inmobiliaria Rural, lo que excedió la potestad tributaria del Gobierno Departamental por cuanto el citado impuesto tiene origen legal y carácter nacional, siendo competencia de la legislación nacional el establecimiento de las mismas”.

El TCR observó que en la mayoría de los casos no se paga a los proveedores de la Intendencia tanto de bienes como de servicios, mediante acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera.

Además, no exige a la totalidad de los proveedores su inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y agrega que se abonaron adelantos de sueldos con cheques, lo cual incumple la ley 19.210, que refiere a la ley de inclusión financiera.

Sostiene, además, que la Intendencia ha contratado “en forma directa con empresas, no cumpliendo con los procedimientos establecidos en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF)”.

Asimismo, el organismo enfatiza que “se realizaron compras de artículos en forma fraccionada sin dejar constancia de sus fundamentos, por lo que no se tuvieron en cuenta las necesidades previstas para todo el ejercicio de ese tipo de artículos”.

“A modo de ejemplo se mencionan los rubros de ‘productos de papel, libros e impresos’, ‘fletes dentro del país’, ‘arrendamientos de máquinas y equipos de construcción’, ‘servicio de mantenimiento automotores’ y ‘servicios de limpieza, aseo y fumigación’”, remarca. Por último, señala que “no están actualizados los inventarios de la totalidad de los bienes” de la comuna.

Fuente: La República

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