Trabajadores rurales destacan voluntad del Poder Ejecutivo para evitar pérdida de salario real

El Poder Ejecutivo decretó aumento salarial para trabajadores del sector rural, ante negativa de las gremiales de integrar la negociación.

“Por la reiterada negativa de la Asociación Rural, la Federación Rural y la Asociación de Cultivadores de Arroz de sentarse a negociar, es uno de los pocos casos en los que tuvimos que apelar al decreto”, indicó el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en referencia al incremento salarial dispuesto este miércoles 8 por el Poder Ejecutivo para los trabajadores del Grupo 22, “Ganadería, agricultura y actividades conexas” (la totalidad de los subgrupos, exceptuando al de Plantaciones de caña de azúcar). El ajuste promedio de casi 7 % es retroactivo al 1 de julio.

El jerarca recordó que en el sector rural funcionan, además, otros 10 grupos de negociación colectiva, en nueve de los cuales se firmaron acuerdo entre empresarios y trabajadores. En el grupo restante, el ministerio votó con el sector empresarial.

Al respecto, Marcelo Amaya, integrante de la dirección nacional de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), integra el PIT-CNT, señaló que “la principal preocupación de los trabajadores es la negativa de algunas gremiales agropecuarias de participar en la ronda de negociación y tratar de llegar a acuerdos, en el entendido que el instrumento de la negociación colectiva ha sido muy importante para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, y en las condiciones de trabajo”.

Amaya valoró “la iniciativa del Poder Ejecutivo para que los asalariados rurales no perdamos capacidad de compra, no caiga el salario real, a pesar de las presiones que ejercen desde estas gremiales, que claramente buscan la pérdida de derechos de los trabajadores”.

El referente sindical explicó que aunque están satisfechos con el ajuste de salarios decretado por Presidencia de la República en acuerdo con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Economía y Finanzas, “quedó postergado todo lo concierne a las condiciones de trabajo”. En este sentido, Amaya citó a modo de ejemplo “la discusión sobre el apero, o de la regulación del área de riego en arroz”.

Acerca del primer punto, cabe recordar que la normativa vigente estipula que el trabajador rural que desempeñe tareas a caballo, debe hacerlo con recado completo, nunca montando en pelo. Hasta ahora es el propio trabajador rural quien debe proveerse de este elemento, que tiene un precio estimado por UNATRA de por lo menos 23.000 pesos. La organización sindical demanda que sea el contratante quien le proporcione el recado a sus trabajadores, en el entendido que es una herramienta de trabajo y un elemento de seguridad laboral.

Según Amaya, en la producción de arroz hoy un trabajador es responsable de la atención de unas 200 hectáreas. La reivindicación del sindicato expresa que esta área no debe ser nunca superior a las 70 hectáreas.

Los asalariados rurales son cerca de 85.000, según datos de la OPYPA-MGAP. Acerca de la evolución de la ocupación en el sector“en general no hay una pérdida de fuentes de empleo que sea alarmante, aunque este tema debe analizarse considerando cada subsector de la agropecuaria”, porque en cada sistema productivo tiene su propia lógica y su propia dinámica, de acuerdo a sus particularidades. Por otra parte desde ámbitos oficiales se estima que el informalismo en el sector rural ronda en el entorno del 22 al 25%.

La labor del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, Inefop, en relación al sector rural “es muy importante”, destacó Amaya, aunque “no se haya aprovechado plenamente. Algunos sectores no hacen uso de esta herramienta”. El sindicalista denunció que “es muy difícil que (las empresas) le reconozcan a un trabajador la calificación adquirida”.

Amaya evaluó que “es muy importante el tema capacitación y el esfuerzo que hace toda la sociedad para que los trabajadores tengan más herramientas para mejorar las condiciones de empleo de trabajo y de productividad, y eso tiene que ser reconocido por el sector empresarial, porque de alguna manera es quien más se beneficia”.

Fuente: La República

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